Propuesta de pena de muerte para violadores de niños divide opinión en Perú

El reciente asesinato de una adolescente de 12 años en Lima ha reavivado la discusión sobre las penas contra los delitos sexuales en Perú. En medio del clamor social, la presidenta Dina Boluarte propuso analizar la implementación de la pena de muerte para violadores de menores, una medida que ha generado intensas reacciones en el ámbito político y judicial.

Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, rechazó categóricamente la iniciativa calificándola de "una medida salvaje". “No podemos volver atrás. La pena de muerte está superada en sociedades democráticas y es jurídicamente imposible en Perú debido a acuerdos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada en 1978”, enfatizó.

Boluarte defendió su postura asegurando que los violadores de menores representan "una lacra que no debe tener espacio en la sociedad". Argumentó que es el momento adecuado para abrir el debate político y considerar sanciones más severas contra estos delitos atroces.

Sin embargo, el planteamiento enfrenta obstáculos legales, ya que la Constitución de 1979 solo permite la pena capital para casos de traición a la patria en tiempos de guerra externa. Ante esto, voces como la del decano del Colegio de Abogados de Lima señalaron que aplicar esta medida sería "retroceder".

En el Congreso, las opiniones están divididas. Mientras algunos parlamentarios rechazan la propuesta, otros, como el presidente Eduardo Salhuana, consideran que el tema merece ser discutido. “Es necesario evaluar si realmente esta medida contribuiría a la lucha contra delitos de esta naturaleza”, expresó.

La propuesta de Boluarte mantiene al país en un intenso debate que enfrenta a quienes claman justicia más severa con los defensores de los derechos humanos y el cumplimiento de tratados internacionales.