Fiscalía pide investigar a congresistas de El Salvador por negarse a recibir peticiones de víctimas
UNIDEHC y MOVIR denuncian el incumplimiento de deberes y actos arbitrarios de la Asamblea Legislativa de El Salvador, tras negarse a recibir una solicitud de las familias de detenidos bajo el régimen de excepción.
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El 11 de noviembre de 2024, las organizaciones humanitarias Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) presentaron una solicitud ante la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador para que se investigue a la junta directiva del Congreso por presunto incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. La denuncia se centra en la negativa de los legisladores a recibir una petición de los familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción, que pedían la modificación de las normativas sobre visitas a las cárceles.
Rudy Joya, abogado de UNIDEHC, destacó que la Constitución establece que los funcionarios públicos tienen la obligación de recibir peticiones de los ciudadanos y darles respuesta. Al negarse a aceptar la solicitud de los familiares de los detenidos, los congresistas habrían incurrido en un acto delictivo. La denuncia incluye al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, las vicepresidentas Suecy Callejas y Alexia Rivas, y la secretaria Marcela Rosales, todos miembros del partido oficialista Nuevas Ideas (NI). También se pidió investigar a Reynaldo Cardoza (PCN) y Reinaldo Carballo (PDC), aliados del oficialismo.
Samuel Ramírez, de MOVIR, señaló que la negativa de la Asamblea a recibir la solicitud de derogación de las restricciones a las visitas familiares es una violación de los derechos humanos de las familias, quienes tienen el derecho legítimo de visitar a sus seres queridos en prisión.
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, suspendió las garantías constitucionales y ha permitido la detención de más de 83,000 personas, en su mayoría acusadas de pertenecer a pandillas. A pesar de las críticas y denuncias de violaciones a derechos humanos, el gobierno de Nayib Bukele mantiene la medida como su principal estrategia contra el crimen organizado, que ha causado más de 6,400 denuncias de abusos, incluidos casos de tortura y más de 300 muertes bajo custodia.
Las organizaciones humanitarias continúan exigiendo investigaciones sobre las condiciones en las que se encuentran los detenidos y la responsabilidad del gobierno en las presuntas violaciones a los derechos humanos.