Caso Purga: Fiscalía Vincula a Exasambleísta y Exjueza en Red de Corrupción Judicial en Guayas
La Fiscalía General del Estado señala a Pablo Muentes, exasambleísta del PSC, y Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, como líderes de una estructura que manipulaba fallos judiciales en beneficio propio.
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La Corte Nacional de Justicia reinstaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del denominado Caso Purga, un proceso que destapa una red de corrupción judicial en la provincia del Guayas. Según la Fiscalía General del Estado, esta red habría sido liderada por Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), y Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas.
Durante la audiencia, el fiscal Wilson Toainga presentó pruebas que detallan cómo Pablo Muentes consolidó su influencia en el sistema judicial. A través de contactos clave como Fabiola Gallardo y Johan Marfetán, Muentes habría presionado a jueces y utilizado campañas de desprestigio en redes sociales para garantizar fallos favorables.
Toainga señaló que Muentes contrató a Mayra Salazar, vinculada al caso Metástasis, para gestionar la campaña que llevó a Gallardo a la presidencia de la Corte del Guayas. Además, Mercedes Villarreal, una colaboradora cercana, habría facilitado las operaciones desde el Consejo de la Judicatura.
Entre los casos más destacados, el fiscal mencionó el fallo favorable a Muentes en su litigio contra el Banco del Pacífico, que buscaba una indemnización millonaria. También se expuso cómo Fausto Alarcón, primo de Muentes, utilizó su influencia para apropiarse de terrenos en Durán valorados en más de USD 200.000 mediante acciones judiciales irregulares.
Tras una solicitud inicial de nulidad por parte de los procesados, el juez Javier de la Cadena declaró válida la investigación fiscal, certificando que se atendieron las diligencias solicitadas por las defensas. Con este dictamen, la audiencia avanzará hacia la presentación formal de las acusaciones.
El caso Purga, junto con los casos Metástasis y Plaga, ha destapado serias irregularidades en el sistema judicial ecuatoriano, resultando en la destitución de al menos 25 servidores judiciales. Este proceso subraya la necesidad urgente de reforzar la transparencia y la ética en las instituciones del país.